• Académica de la UCN, Francis Espinoza, y abogado experto en temas regulatorios ambientales, Arturo Brandt, entregan su punto de vista a ‘Norte y energía’.

Una fuerte oposición política y ciudadana ha generado la determinación adoptada el pasado miércoles 11 de agosto por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo, entidad que aprobó el proyecto minero Dominga por 11 votos a favor y uno en contra.

La decisión de esta instancia jurídica provocó la inmediata reacción de parte del espectro político, y también el pronunciamiento de agrupaciones sociales locales. Lo anterior, porque los detractores del proyecto indican que la ejecución de éste provocaría daños irreversibles en el ecosistema marino de la zona.

En términos sencillos, el proyecto minero Dominga, de propiedad de la empresa ‘Andes Iron’ (controlada por la familia Délano) –valorado en US$2.500 millones- busca instalarse en la comuna de La Higuera (en la región de Coquimbo); y construir dos minas para la extracción de concentrados de hierro y cobre; además de edificar un megapuerto para poder exportar su producción.

La cercanía de un hipotético yacimiento y enclave portuario en el sector, en un área cercana al Archipiélago Humboldt (uno de los ecosistemas más ricos del mundo), ha generado un profundo rechazo de organizaciones ambientalistas.

Cabe recordar que el proyecto ya fue impugnado –también por razones de tipo ambiental- en 2017 por dos organismos: la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo y el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental. Este pronunciamiento tuvo lugar durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Luego de este rechazo, ‘Andes Iron’ apeló el caso y judicializó el proceso.

Al respecto el abogado experto en temas regulatorios ambientales, Arturo Brandt, manifestó que -en relación al tema Dominga-, hay varios elementos que hay que tener presentes. “En primer lugar, en Chile -como en todos los países del mundo- hay un Estado de derecho, y el Estado de derecho tiene que funcionar (…) El tema se complica un poco, porque hay muchas pasiones a favor y en contra del proyecto”, señaló.

Explicó que, bajo su punto de vista, “el tema que se está discutiendo, el tema que da origen al problema; no es tanto la extracción del mineral (que es hierro en este caso), sino que es el tema del puerto. Y ahí hay varios elementos que uno tiene que tener presente, o que los tribunales -o quien deba evaluar el proyecto- tienen que tener en consideración”.

En este sentido, dijo, “se echa de menos” que los jueces que diriman este tipo de casos no dispongan de “alguna guía” o de alguna “forma que entregue ciertos parámetros para poder evaluar qué pasa en el medio marino”. Agregó que los magistrados “no tienen muchos antecedentes donde poder fundarse, donde poder preguntar. Sería mucho mejor que esa discusión estuviera dirigida. Ahí se echa de menos algún documento, alguna guía metodológica del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sobre el medio marino (…) Chile hoy día tiene casi más de 4.200 kilómetros de costa y no hay guías…”.

En segundo término, el especialista puso otro elemento sobre la mesa, una variable que eventualmente podría haber evitado parte de la controversia. Brandt afirmó que existe otro puerto que está muy cerca del lugar cuestionado, que es que el puerto de la CAP (Compañía Acero del Pacífico); y que eventualmente se podría haber utilizado –previo acuerdo entre las empresas- para poder comercializar la producción de Dominga, pero con un menor impacto sobre el medio oceánico.

Por otra parte, y apuntando a un análisis más político, la académica de la Universidad Católica del Norte (UCN) y PhD en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Birmingham, Francis Espinoza, comentó que “sin duda que el tema de la Instalación del Proyecto (minero y de puerto) Dominga se ha convertido en una polémica de grandes magnitudes políticas entre el grupo a cargo (Penta), la sociedad civil, movimientos ecologistas, la academia y el mundo político”.

Agregó que “el proyecto no presenta un Estudio de Impacto Ambiental sobre el ecosistema de la Reserva de Pingüinos de Humboldt, por lo cual ya se había rechazado en 2017. De ahí, una comedia de errores que tiene que ver con lo que Carlos Peña ha llamado ‘la confianza subjetiva’, es decir, el exceso de lobby y relaciones cercanas en distintos frentes desde el Ejecutivo a la gobernanza local y regional para conseguir la aprobación del megaproyecto”.

La catedrática además afirmó que “este proyecto de seguro será uno de los últimos que podría ser aprobado antes de que entre en vigencia la Ley de Bases de Servicio de Evaluación Ambiental y Áreas Protegidas, que prohibiría este tipo de proyectos en sectores de reservas ecológicas (…) A esto se debe sumar el empresariado que está detrás (del proyecto), que ya fue fuertemente cuestionado en el pasado por su relación con el financiamiento dudoso de la política. Por lo que se combina el ejercicio de una ‘mala política’, con impactos en el medio ambiente a largo plazo”.

Por último, Espinoza puntualizó que “todo esto contraviene la tendencia de los discursos políticos sobre la necesidad de una minería y economía verde, considerando nuestra presencia discursiva, y muchas veces no vinculantes, en los acuerdos como el de París (2016), el Protocolo de Kioyto (2002) y la ratificación de la Convención Marco de Las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1994), y en las reuniones de alta cumbre”.