Chile enfrenta un dilema urgente: proyectos de inversión por miles de millones de dólares se encuentran paralizados en un sistema de evaluación ambiental que ha perdido previsibilidad y oportunidad. El Comité de Ministros, convertido en un verdadero cuello de botella, acumula retrasos que afectan iniciativas estratégicas como el desarrollo urbano Maratué en Puchuncaví (US$2.000 millones) o el Terminal GNL Penco-Lirquén (US$165 millones). La falta de decisiones oportunas no solo frena la inversión, sino que también debilita la confianza en la institucionalidad ambiental.

La próxima administración tiene la responsabilidad de transformar esta realidad. El Ministerio de Medio Ambiente debe asumir un rol de liderazgo en tres frentes clave:

  • Ordenar las decisiones del Comité de Ministros, garantizando sesiones regulares y resoluciones oportunas.
  • Modernizar el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), devolviendo certeza y credibilidad al sistema.
  • Compatibilizar agilidad con rigor técnico, evitando que la agilización de procesos se traduzca en un debilitamiento de los estándares ambientales.

Actualmente reina una inseguridad que no solo afecta a las empresas, sino que también erosiona la confianza ciudadana y traslada los conflictos a tribunales, con un costo enorme en tiempo y oportunidades. Cada retraso prolonga la incertidumbre y genera un clima de desconfianza que impacta tanto en la inversión privada como en la percepción pública de la gestión ambiental.

El país no aguanta más diagnósticos. Necesitamos certezas ahora: plazos claros, reglas estables y un sistema que combine eficiencia con seriedad. El desafío del nuevo gobierno es demostrar que el fin de la permisología no significa relajar exigencias, sino recuperar la capacidad de evaluar proyectos de manera predecible y oportuna.

Si la gestión logra instalar un modelo de evaluación ambiental confiable y eficiente, Chile podrá destrabar inversiones estratégicas, fortalecer su institucionalidad y proyectar un crecimiento sostenible que no sacrifique su compromiso ambiental. La permisología debe dejar de ser un obstáculo y convertirse en una garantía de desarrollo responsable.